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En Estudio Jurídico Nexa entendemos que iniciar y administrar un negocio para mantener a su familia y empleados es una de las experiencias más estresantes que se pueden vivir. Estamos aquí para facilitarle las cosas y ayudarle con todos los trámites gubernamentales necesarios para que su negocio funcione con éxito y pueda adquirir la buena pro fácilmente en cualquier licitación pública o concurso público que convocan las entidades públicas diariamente, sabemos que hay competencia en el mercado, pero con una buena orientación y una revisión minuciosa de las bases administrativas, usted puede tener una mejor ventaja.
Le ayudamos con licitaciones públicas, selección simplificada, acuerdos marco, concurso público, entre otros procedimientos de selección, gestionamos su registro en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), calculamos su capacidad máxima de contratación (CMC) para consultores y contratistas de bienes y servicios, y le brindamos la mejor defensa en los procesos de licitación ante el SEACE, nos encargamos de los obstáculos legales para que usted pueda concentrarse en su negocio.
Asimismo, orientamos a su empresa en cada etapa de contratación con el estado, y prevenimos riesgos desde el primer momento de revisión de sus documentos, y si usted es un proveedor nuevo del estado, también le orientamos en cada paso, desde la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), hasta la perfeccionamiento del contrato.
Estamos al día con la nueva legislación de 2026, que contempla sanciones más severas para las irregularidades dentro de los procedimientos de selección, garantizamos la protección de su empresa contra la inhabilitaciones. Somos abogados especializados en el Reglamento de la Ley N.º 32069 y el Decreto Legislativo 1715 (Nueva Ley General de Contratación Pública), conocemos a fondo estas leyes y sus últimas modificatorias, ofrecemos gestión de licitaciones en PLADICOP y Registro de Proveedor Único (FUP).
Somos Abogados especialistas en contrataciones públicas, con diplomados en Gestión Pública, Contrataciones del Estado y Derecho Administrativo, conocemos cada etapa de los procedimientos de selección y como se maneja internamente en la administración pública, así como cada actualización vigente del reglamento de la Ley 32069, lo cual nos permite una mejor estrategia legal a fin de que a su empresa le otorguen la buena pro.
Si usted, ya es proveedor del estado y actualmente la entidad no cumple con el pago suscrito en el contrato, ya sea por la entrega de bienes o servicios ejecutados, nuestros abogados especializados cuentan con experiencia en trámites administrativos por reconocimiento de deuda o enriquecimiento sin causa.
Si se encuentra en la etapa de ejecución contractual y no puede cumplir con la entrega del bien o ejecución del servicio en los plazos establecidos del contrato, nuestros abogados cuentan con gran experiencia en dichos trámites, le ayudamos con la redacción del documento legal a fin de solicitar la ampliación del plazo correspondiente lo cual esta permitido segun el reglamento de la Ley 32069, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos estipulados en la citada normativa, ello a fin de no incurrir en penalidades.
De igual forma gestionamos procedimientos de resolución contractual, en caso de que su representada no pueda cumplir con los plazos de ejecución establecidos en el contrato.
Brindamos asesoría legal a proveedores del estado en Lima, debido a que el mercado se ha transformado por la Ley N° 32069, por lo que nos posicionamos como socios estratégicos para los proveedores del estado, nuestros abogados garantizan que su Registro Único de Proveedor (FUP) alcance un rendimiento óptimo y cumpla con todas las normativas, además de asegurar su Capacidad Máxima de Contratación (CMC) y el cumplimiento de la normativa 2026, nos encargamos de los complejos requisitos digitales de PLADICOP y aseguramos la exitosa ejecución de sus contratos estatales.
La prevención de infracciones y sanciones ante el Tribunal del OECE es fundamental, con la implementación de las reformas de 2026, aumenta el riesgo de inhabilitación temporal o permanente, entendemos que todos, al igual que nosotros, trabajan arduamente para garantizar el máximo éxito de sus negocios y la importancia que esto tiene para ellos, por ello, realizamos auditorías legales de forma proactiva para asegurar que cada oferta presentada cumpla con los requisitos, se pueda acreditar su trazabilidad y esté protegida contra acusaciones de irregularidades, ello a fin de que podamos apelar ante el Tribunal de Contrataciones.
Como expertos en optimizar la relación calidad-precio, no solo le ayudamos a presentar su oferta, sino a ganarla. Hacemos todo lo posible para garantizar que sus propuestas técnicas y económicas cumplan con la nueva normativa de calidad y eficiencia de 2026, creemos que esto es más importante que simplemente ofrecer el precio más bajo.
Revisamos arduamente su expediente a fin de que no sea rechazado en la primera etapa del procedimiento de selección.
Ofrecemos asesoría legal en todos los sectores, desde infraestructura, hasta insumos médicos y de salud, consultoría y más, entendemos que cada industria requiere conocimientos y enfoques legales distintos, nuestros abogados cuentan con más de 40 años de experiencia combinada y un profundo conocimiento de los requisitos para la contratación directa y los acuerdos marco, que, según sabemos, son específicos de cada sector bajo la administración actual.
Nos enorgullece defender sus derechos durante apelaciones y arbitrajes, esto suele ocurrir cuando un proceso de licitación es injusto o un contrato se resuelve indebidamente, por ello en estas situaciones, es importante contar con un abogado especialista que actúe con rapidez y eficiencia. Representamos con eficiencia a nuestros clientes en apelaciones ante el Tribunal de Contrataciones del OECE (antes OSCE), y brindamos asesoría especializada en juntas de resolución de disputas y arbitrajes, hacemos todo lo posible para garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones, a fin de proteger los intereses de su representada, porque proteger sus derechos es proteger los nuestros.
Así mismo, asesoramos a las pequeñas empresas MYPEs y garantizar que tengan una ventaja justa y competitiva en cada proceso de selección convocado por el estado.
Permita que nuestros más de 40 años de experiencia trabajen para usted, contáctenos para una asesoría legal personalizada, no utilizamos respuestas automáticas, ofrecemos consultoría rápida en contratación pública a través de WhatsApp, también puede llamarnos, enviarnos un mensaje de texto o un correo electrónico para una respuesta inmediata.
Ahora la gestión es 100% digital, lo cual permite simplificar los trámites, sin la necesidad de acudir a la entidad de manera personal, el cual ahora puede realizar sus trámites desde la mesa de partes digital del OECE, también debe tener en cuenta que ante cualquier actualización del RNP debe comunicar al OECE, a fin de evitar inhabilitación temporal.
Los contratos menores ahora deben registrarse en la plataforma Pladicop de manera obligatoria, los proveedores deben contar con RNP vigente, priorizando la compra eficiente, el cuadro comparativo de cotizaciones en el expediente de contratación, así como cumplir los requisitos técnicos de las etapas previas de la contratación.
Se basa en el capital y la experiencia técnica, el cual debió actualizarse hasta 19 de enero del 2026, caso contrario el OECE recalcula la CMC basándose solo en el factor financiero, el cual lo limita drásticamente.
Como proveedor está en todo su derecho de actuar inmediatamente, para lo cual se recomienda recopilar todas la pruebas necesarias como correos, mensajes o capturas, asimismo, se recomienda revisar minuciosamente las bases del concurso así como los términos y condiciones de la subasta o concurso, para asegurar que la penalización fue infundada, posteriormente puede presentar una queja formal ante el comité de selección o servicio de atención al cliente o elevar el caso a los organismos reguladores competentes.
Con las nuevas modificaciones de la Ley 32069, actualmente la norma prohíbe específicamente medidas cautelares que impidan la continuación de obras en infraestructura hidráulica, lo cual permite dar celeridad a los contratos.